García Reche cree que la ciudadanía está haciendo oídos sordos a los políticos porque la degradación de la vida política e institucional es tan grave en España que de momento no se da crédito a una contienda electoral en términos de derechas e izquierdas, sino que se espera de los líderes una nueva forma de hacer política de modo que:
- Se haga efectiva la independencia del poder judicial.
- Haya democracia interna en los partidos o un sistema electoral más abierto.
- Se adopten medidas efectivas contra la corrupción.
- Se impida la manipulación de las televisiones autonómicas.
- Se mejore la eficiencia de las Administraciones públicas.
- Se limite el control urbanístico de los Ayuntamientos.
- Se garantice que los órganos de control de cuentas actúen con claridad y en tiempo real.
García Reche, Andrés. "Sordos". El País, 01/03/2011, Comunidad Valenciana, página 8.
La reflexión y propuesta de García Reche es acertada y cabrían, por supuesto, muchas más medidas. Pero por añadir una que resulte un tanto provocadora, sobre todo si se tiene en cuenta que casi nadie habla de ella, ¿qué tal si recortamos el número de representantes políticos en época de crisis, recortes y desempleo? Se trataría de una medida no sólo de ahorro, sino también edificante y pedagógica: Si el país va bien, puede permitirse más representantes políticos; y, si va mal, tiene que reducirlos. ¿Difícil de aplicar? No parece ser el caso. Incluso podría encontrarse un automatismo basado en un índice relacionado con aspectos económicos de la economía real y alejados de la burbuja; es decir, no meramente dependiente del PIB sino de la productividad, competitividad y reparto de las riquezas (seguro que un economista como García Reche sería capaz de formular varias propuestas aceptables)... Tal vez así los líderes políticos encontrarían un incentivo más para hacer las cosas mejor. ¿Estaríamos peor gobernados con menos políticos? Tampoco parece ser el caso. Además estamos diciendo que hay que aumentar la productividad y la eficiencia, y por tanto también la de los políticos, ¿no es eso?. ¿O acaso pensamos que deben estar al margen de esos aspectos mundanos? Además, como ya vienen diciendo algunos expertos, en España hay demasiada renovación de cargos tras los resultados electorales. Muchas de las tareas deberían estar desempeñadas por funcionarios públicos independientes y no por representantes electos, precisamente para asegurar aspectos básicos de la democracia... Y los funcionarios no cobran tanto...
Por añadir un par de datos simplemente, y sin entrar en Diputaciones y Ayuntamientos, recordemos que la Constitución española permite que haya entre 300 y 400 diputados. En 2008 se eligió a 350. El Estatuto de Cataluña de 1979 no establecía ningún límite, pero el ahora vigente de 2006 dice que el mínimo será de 100 y el máximo de 150. Desde 1983 hasta 2010 se eligen 135. El Estatuto de la Comunidad Valenciana de 1982 establecía que el número de diputados estaría entre 75 y 100. El ahora vigente Estatuto de 2006 estableció que el mínimo sería de 99. No han puesto un máximo. En 2003 se elegió a 89 y en 2007 a 99. Por tanto, hay margen de maniobra aún sin cambiar la Constitución y los Estatutos, pero ¿por qué no cambiar las leyes si las cosas han cambiado hacia una peor situación económica? ¿Nos lo podemos permitir en 2011 y en años venideros?
Alguien podría pensar que medidas de este tipo van en detrimento de la política democrática. Nada más lejos de la realidad. Lo que de verdad va en detrimento de la política democrática es una mala gestión de la política democrática.
Y, por añadir un elemento más de entre los provocadores, y especialmente ahora que tanto se dice que "nadie fue capaz de prever la crisis", convendría también insistir en que los líderes políticos tienen la obligación política, no de adivinar, pero sí de prever. En nuestro sistema democrático-representativo los ciudadanos periódicamente delegan en sus representantes políticos parte de su poder de observación y de decisión sobre la cosa pública, mientras se dedican a las imprescindibles tareas formativas, productivas, laborales, etc.; y, aunque los ciudadanos siempre deben observar críticamente la vida pública, no es menos cierto que han delegado la acción legislativa y de gobierno, la cual incluye la previsión, porque si no hay previsión ¿para qué se quiere un gobierno? Hay quien piensa que gobernar consiste en decir a la ciudadanía en tiempos de crisis cuánto hay que recortar en prestaciones, sueldos y gastos, aunque la ciudadanía no quiera sufrir tales recortes. Incluso se habla de la valentía que muestra un gobierno al actuar de ese modo. Puede ser, pero por contra parece estar demasiado instalada entre nosotros la idea de que hacer eso mismo en tiempos de bonanza es poco menos que imposible. Y, sin embargo, bien considerado, esa sería la mejor muestra de previsión y falta de cobardía de un gobierno.
¿Es realmente imposible recortar en tiempos de bonanza? Podemos compararnos un poco con el exterior tomando el caso alemán. Mientras en la primera década del 2000 España estaba instalada en la burbuja inmobiliaria, que ha terminado por perjudicar seriamente al sistema financiero por contagio con la misma (por cierto, ¿hay alguna burbuja respecto de la que convenga no prever su explosión?), el gobierno del socialista Schröder en coalición con los verdes aplicaba desde 2002 su Agenda 2010 con un programa de profundas reformas socio-económicas (Hartz)... Sí, no había ninguna crisis mundial y la impopularidad de los recortes le costaron igualmente perder el gobierno, pero ahora Alemania sigue creciendo a un 3% anual del PIB y el paro apenas ha afectado a su sociedad en el tránsito de la actual grave crisis financiero-económica. Además, la conservadora Angela Merkel, que incluso nacionalizó sin complejos el Hypobank, indica ahora al gobierno español que los salarios en España deben reducirse, porque la moneda es la misma y tal vez se inflaron con la burbuja. El método es sencillo, incluso ahora que no son posibles las devaluaciones: Basta con la congelación de los salarios españoles mientras aumenta la inflación.
¿Seguimos prefiriendo la imprevisión menos valiente?
- Se haga efectiva la independencia del poder judicial.
- Haya democracia interna en los partidos o un sistema electoral más abierto.
- Se adopten medidas efectivas contra la corrupción.
- Se impida la manipulación de las televisiones autonómicas.
- Se mejore la eficiencia de las Administraciones públicas.
- Se limite el control urbanístico de los Ayuntamientos.
- Se garantice que los órganos de control de cuentas actúen con claridad y en tiempo real.
García Reche, Andrés. "Sordos". El País, 01/03/2011, Comunidad Valenciana, página 8.
La reflexión y propuesta de García Reche es acertada y cabrían, por supuesto, muchas más medidas. Pero por añadir una que resulte un tanto provocadora, sobre todo si se tiene en cuenta que casi nadie habla de ella, ¿qué tal si recortamos el número de representantes políticos en época de crisis, recortes y desempleo? Se trataría de una medida no sólo de ahorro, sino también edificante y pedagógica: Si el país va bien, puede permitirse más representantes políticos; y, si va mal, tiene que reducirlos. ¿Difícil de aplicar? No parece ser el caso. Incluso podría encontrarse un automatismo basado en un índice relacionado con aspectos económicos de la economía real y alejados de la burbuja; es decir, no meramente dependiente del PIB sino de la productividad, competitividad y reparto de las riquezas (seguro que un economista como García Reche sería capaz de formular varias propuestas aceptables)... Tal vez así los líderes políticos encontrarían un incentivo más para hacer las cosas mejor. ¿Estaríamos peor gobernados con menos políticos? Tampoco parece ser el caso. Además estamos diciendo que hay que aumentar la productividad y la eficiencia, y por tanto también la de los políticos, ¿no es eso?. ¿O acaso pensamos que deben estar al margen de esos aspectos mundanos? Además, como ya vienen diciendo algunos expertos, en España hay demasiada renovación de cargos tras los resultados electorales. Muchas de las tareas deberían estar desempeñadas por funcionarios públicos independientes y no por representantes electos, precisamente para asegurar aspectos básicos de la democracia... Y los funcionarios no cobran tanto...
Por añadir un par de datos simplemente, y sin entrar en Diputaciones y Ayuntamientos, recordemos que la Constitución española permite que haya entre 300 y 400 diputados. En 2008 se eligió a 350. El Estatuto de Cataluña de 1979 no establecía ningún límite, pero el ahora vigente de 2006 dice que el mínimo será de 100 y el máximo de 150. Desde 1983 hasta 2010 se eligen 135. El Estatuto de la Comunidad Valenciana de 1982 establecía que el número de diputados estaría entre 75 y 100. El ahora vigente Estatuto de 2006 estableció que el mínimo sería de 99. No han puesto un máximo. En 2003 se elegió a 89 y en 2007 a 99. Por tanto, hay margen de maniobra aún sin cambiar la Constitución y los Estatutos, pero ¿por qué no cambiar las leyes si las cosas han cambiado hacia una peor situación económica? ¿Nos lo podemos permitir en 2011 y en años venideros?
Alguien podría pensar que medidas de este tipo van en detrimento de la política democrática. Nada más lejos de la realidad. Lo que de verdad va en detrimento de la política democrática es una mala gestión de la política democrática.
Y, por añadir un elemento más de entre los provocadores, y especialmente ahora que tanto se dice que "nadie fue capaz de prever la crisis", convendría también insistir en que los líderes políticos tienen la obligación política, no de adivinar, pero sí de prever. En nuestro sistema democrático-representativo los ciudadanos periódicamente delegan en sus representantes políticos parte de su poder de observación y de decisión sobre la cosa pública, mientras se dedican a las imprescindibles tareas formativas, productivas, laborales, etc.; y, aunque los ciudadanos siempre deben observar críticamente la vida pública, no es menos cierto que han delegado la acción legislativa y de gobierno, la cual incluye la previsión, porque si no hay previsión ¿para qué se quiere un gobierno? Hay quien piensa que gobernar consiste en decir a la ciudadanía en tiempos de crisis cuánto hay que recortar en prestaciones, sueldos y gastos, aunque la ciudadanía no quiera sufrir tales recortes. Incluso se habla de la valentía que muestra un gobierno al actuar de ese modo. Puede ser, pero por contra parece estar demasiado instalada entre nosotros la idea de que hacer eso mismo en tiempos de bonanza es poco menos que imposible. Y, sin embargo, bien considerado, esa sería la mejor muestra de previsión y falta de cobardía de un gobierno.
¿Es realmente imposible recortar en tiempos de bonanza? Podemos compararnos un poco con el exterior tomando el caso alemán. Mientras en la primera década del 2000 España estaba instalada en la burbuja inmobiliaria, que ha terminado por perjudicar seriamente al sistema financiero por contagio con la misma (por cierto, ¿hay alguna burbuja respecto de la que convenga no prever su explosión?), el gobierno del socialista Schröder en coalición con los verdes aplicaba desde 2002 su Agenda 2010 con un programa de profundas reformas socio-económicas (Hartz)... Sí, no había ninguna crisis mundial y la impopularidad de los recortes le costaron igualmente perder el gobierno, pero ahora Alemania sigue creciendo a un 3% anual del PIB y el paro apenas ha afectado a su sociedad en el tránsito de la actual grave crisis financiero-económica. Además, la conservadora Angela Merkel, que incluso nacionalizó sin complejos el Hypobank, indica ahora al gobierno español que los salarios en España deben reducirse, porque la moneda es la misma y tal vez se inflaron con la burbuja. El método es sencillo, incluso ahora que no son posibles las devaluaciones: Basta con la congelación de los salarios españoles mientras aumenta la inflación.
¿Seguimos prefiriendo la imprevisión menos valiente?
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